El Gobierno aplaza la reforma de la ley del aborto

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que la reforma de la ley del aborto promovida por Gallardón se aplaza sine die, algo que luego matizó mediante un portavoz para aclarar que no se aparca, sino que “se tramitará al mismo ritmo que otras leyes”. La realidad es que la pretendida reforma lleva aparcada desde el pasado otoño.
La actual ley del aborto, vigente desde 2010, permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y, en caso de peligro para la madre o malformación fetal, alarga el periodo hasta la semana 22. Ruiz Gallardón manifestó que él quería recuperar la ley de 1985, en la que una mujer con problemas psíquicos o físicos podía abortar en cualquier momento del embarazo; una violación tenía que ser intervenida durante las 12 primeras semanas, y con denuncia previa, y la malformación fetal permitía interrumpir la gestación hasta la semana 22.
Querer regresar a 1985 ya ha sido polémico, se podía abortar fetos viables, en la semana 35, por ejemplo. Gallardón dio un paso más allá. Los grupos pro-vida le obligaron a revisar toda la ley, especialmente el aborto eugenésico en caso de malformación fetal. Eliminar esta posibilidad ha resultado un escollo difícil entre el partido y el Gobierno. Este punto es extremadamente delicado debido a las diversas sensibilidades: no es igual una discapacidad intelectual que una malformación incompatible con la vida. Aquí el Gobierno se la jugaba, no ha querido arriesgarse a recibir millonarias demandas de padres con hijos con problemas muy graves nacidos bajo el amparo de la ley.
Gallardón también tenía in mente eliminar la posibilidad del daño psicológico de la madre, así se dejaba el aborto solo para violaciones y en caso de peligro físico grave para la embarazada.

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