Las anomalías graves en la formación del feto provocan
cientos de abortos en España cada año. De hacerse efectiva la prohibición del
IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) por esta causa, tal y como planea el
ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, todas las mujeres que ahora reciben
esta asistencia en su ciudad o dentro de su Comunidad Autónoma, tendrían que
desplazarse a otro país para interrumpir su embarazo, tal y como ocurría
décadas atrás.
Las malformaciones son muchas y de muy diversa índole. En
algunos casos la criatura tiene una esperanza de vida de horas; en otros, jamás
alcanzará un desarrollo neuronal o motriz que le permita vivir con una mínima
independencia, quizás uno de los “mejores” casos sea el síndrome de Down.
Debe ser la madre, y no el estado, quien decida en esta
cuestión. Máxime si tenemos presente los recortes que el gobierno del PP ha practicado
en las ayudas a los dependientes y que todavía no ha presentado los tijeretazos
que está perpetrando con su reforma de la Ley de Dependencia.
Vivimos un tiempo de reducción de derechos de las mujeres,
de deterioro económico, con supresión de guarderías y de becas de comedor para
los niños, con tasas alarmantes de desempleo femenino. Ahora a las mujeres
españolas que no tengan recursos para abortar en el extranjero se las
condenada, además, a tener unos hijos que ni desean ni pueden mantener.

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