Desigualdades penales

Desde un punto de vista penal, la reforma legal que supuso la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre es que se castigan con una pena superior los malos tratos, las lesiones (aunque no todas), las amenazas leves y las coacciones leves realizadas por un hombre cuando la víctima “sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. Esta agravación también procede aplicarla cuando dichas conductas se realicen por parte de cualquier otra persona, hombre o mujer, cuando la víctima sea una “persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”.

La regulación penal relativa a la violencia de género contemplada en la anterior Ley Orgánica ha suscitado tantos apoyos como críticas. Debe quedar muy claro que entre las críticas no se discute la necesidad de una reprobación penal de estos comportamientos. Pero, por ejemplo, Maqueda Abreu considera que en las agresiones ocasionales el recurso a la vía penal debe comportar una respuesta proporcional a la gravedad de la ofensa, sin incluir un plus específico por el hecho de ser mujer. Lo que se discute, en realidad, es que se agrave la sanción penal por la necesidad de incorporar un extra de protección específica por el hecho de ser mujer, frente a la misma conducta cuya víctima sea un hombre. A juicio de los críticos, este supuesto rompe dos principios constitucionales: El de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española que establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y el de responsabilidad penal personal, implícito en el artículo 10.1 de la Carta Magna al ser una exigencia del respeto a la dignidad de la persona.

Algunos críticos encuentran complicada una problemática que puede establecer figuras delictivas atendiendo exclusivamente a la circunstancia sexual del sujeto que, o bien las sufre, o bien las realiza, prescindiendo de cualquier otro fundamento material que lo acompañe y plantean sus dudas, plasmadas en el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre la mujer y la afirmación legal de que hay violencia cuando se emplea “como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, ya indicaba que “si en realidad lo que se hace es presumir que toda agresión contra una mujer viene presidida por esa presunción normativa de que se agrede con esos fines o por razón de esos objetivos, entonces en lo penal se está creando un Derecho penal de autor y en lo orgánico judicial se está volviendo a un sistema de jurisdicciones especiales, superado a finales del siglo XIX, propio del Antiguo Régimen oyes se está creando una jurisdicción especial, privativa de las mujeres, basada en el sexo de la víctima y en la intención del agresor…” Es decir, se trata de una definición basada en la intención del autor y por razón de las consecuencias que tiene, debe ser abandonada en cuanto a su contenido y efectos.

Resumiendo, no se trata de si la regulación penal adoptada en la LO 1/2004 establece un Derecho penal de la víctima, que puede ser legítimo, sino de un Derecho penal de autor, que en ningún caso puede considerarse lícito.