Los puntos de encuentro familiar son centros públicos
especializados para el cumplimiento del régimen de visitas a menores
establecido judicialmente tras al divorcio
o la separación de los
progenitores y en casos de existencia de denuncias u órdenes de alejamiento por
violencia de género.
Desde el 29 de noviembre, el servicio público que ofrecen
los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la Comunidad de Madrid pasar a ser de
pago y los usuarios que los utilicen tienen que abonar entre 5 y 10 euros para poder ver a sus hijos.
Según el documento, que puede
consultarse en la web del BOCM, la entrega
o recogida de menores cuesta 5
euros por persona y servicio. El precio de la visita supervisada se establece en 10 euros, 7 si no se requiere la presencia de un profesional. Además, se debe pagar con anterioridad
a la prestación del servicio. Solo estarán exentas aquellas personas
con menos recursos (ingresos y recursos por debajo del indicador público
de renta de efectos múltiples, perceptores de la renta mínima de inserción) y
los beneficiarios de la justicia
gratuita o quienes hayan sido víctimas de violencia de género.
Jueces para la
Democracia denuncia que el repago influirá negativamente en el cumplimiento
de los regímenes de visita. El Gobierno regional "limita el acceso a unos
servicios que contribuyen a la reducción de las controversias entre los
progenitores y al efectivo cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de
familia". "Las consecuencias van a afectar gravemente a los menores,
regresando a la situación en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías, en los juzgados de guardia o en cualquier
otro lugar carente de las condiciones para proteger a los menores",
critica la asociación.

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